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estado de derecho húngaro
Los derechos humanos en España están recogidos en la Constitución de 1978. Los artículos 6 y 7 garantizan el derecho a crear y operar partidos políticos y sindicatos siempre que respeten la Constitución y la ley[1].
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En 2002, 16 familias gitanas de El Cascayu fueron reubicadas en el marco de un plan de viviendas de transición en lo que ha sido descrito por la organización SOS Racismo como una ubicación de viviendas discriminatoria, aislada y ambientalmente marginada[6]: 317 Según SOS Racismo,
… las últimas viviendas construidas dentro de [el] plan de erradicación de la marginación en El Cascayu, donde se realojará a 16 familias, es una forma de expulsar a estas familias de la ciudad. Vivirán en un lugar rodeado por un “río de cloacas”, una vía férrea, un polígono industrial y una autopista. Tan lejos de los centros educativos, de los comercios, de los lugares de recreo y sin transporte público, les resultará físicamente difícil salir de allí[6]: 317
comisión europea estado de derecho
La UE pretende basarse en el respeto del Estado de Derecho. En una democracia, los ciudadanos deben poder confiar en un poder judicial independiente, en un poder legislativo que respete los derechos fundamentales y en un poder ejecutivo que cumpla sus propias normas. El respeto de estos principios básicos constituye la base de la democracia y debería ser su valor central.
Actualmente, el Estado de Derecho en Europa está amenazado. Estados miembros como Hungría, Polonia y Malta trabajan activamente para socavar la independencia del poder judicial. No cumplen con las obligaciones de la UE en materia de derechos fundamentales e ignoran las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Con ello se corre el riesgo de poner en tela de juicio toda la idea de la cooperación europea.
informe sobre el estado de derecho 2020
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; reconoce y garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Los partidos políticos son la expresión del pluralismo político, contribuyen a la formación y expresión de la voluntad popular y son un instrumento esencial de participación política. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres en la medida en que respeten la Constitución y la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos.
Los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que representan. Su creación y el ejercicio de sus actividades serán libres siempre que respeten la Constitución y la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos.
1. La misión de las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, es garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
informe de la comisión europea sobre el estado de derecho 2021
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, está a punto de suspender la autonomía de Cataluña, y los líderes de la UE han descartado implicarse en la crisis, con la justificación de que el Gobierno español está actuando para “restaurar el orden constitucional”. Parece haber consenso entre los dirigentes europeos en que la gestión de Madrid del referéndum catalán del 1 de octubre se ajusta completamente al Estado de Derecho.
Sin embargo, la actuación del Gobierno al prohibir totalmente el referéndum y la sesión del Parlamento catalán no puede justificarse con ninguna de las disposiciones de la Constitución. Dichas actuaciones vulneran el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, dos principios que encarnan los referendos y las deliberaciones parlamentarias. Estos derechos están protegidos por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el artículo 2 de la ley básica de la UE (Tratado de Lisboa), así como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española. La violación de los derechos y libertades fundamentales protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno.
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